- La privatización y bancarización de las cajas de ahorro, promoviendo con fondos públicos las fusiones y absorciones de las entidades pequeñas por las grandes.
- La congelación de las pensiones sin mediar consulta con los sindicatos y saltándose el Pacto de Toledo; el previsible incremento de la edad de jubilación de 65 a 67 años y la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la cuantía de la pensión, llevándolo a 20 años, de donde resultará una disminución de las pensiones nuevas.
- Una fiscalidad regresiva marcada por el incremento del IVA, la reducción de los impuestos aplicables a las ganancias de las empresas y la renuncia a gravar las rentas más altas.
- La gota que ha colmado el vaso: una reforma laboral que permite:
- El abaratamiento del despido improcedente por causas objetivas (de 45 a 33 días por año).
- El FOGASA asume una parte de la carga de la empresa en el abono de la indemnización de los despidos colectivos y por causas objetivas (incluso si la extinción es improcedente): 8 días por año trabajado.
- No establece una regulación efectiva que permita reducir la temporalidad.
- La duración máxima de los contratos de obra (hasta 4 años) es excesiva.
- Facilita el despido por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas.
- Amplía las posibilidades de actuación de las ETT, que podrán incluso trabajar para la Administración sin respetar los criterios de igualdad, mérito y publicidad.
- Amenaza la negociación colectiva toda vez que se establece la posibilidad del descuelgue de empresas: se abre la puerta, por ejemplo, a que una empresa abone salarios por debajo de los mínimos del convenio sectorial.
Además, el Gobierno ha encarado el ajuste del gasto congelando las pensiones en 2011, disminuyendo los sueldos de los empleados públicos, eliminando la retroactividad en las prestaciones por dependencia…
Las administraciones autonómicas y locales también han aplicado la misma receta , reduciendo los salarios en las empresas públicas (Metro), eliminando o disminuyendo compromisos de inversión (nuevos centros de salud, ayudas a la rehabilitación de viviendas…), pasando por el deterioro en la prestación de los servicios públicos (sobre todo en educación), incrementando los esfuerzos privatizadores (sanidad, Canal de Isabel II…) y haciendo pagar a la ciudadanía los gastos de gestión de los servicios públicos (subida de tarifas del transporte público).
Las perspectivas para los presupuestos de 2011 son aún peores. El Ayuntamiento de Madrid ha acordado el ahorro de 1.040 millones de euros con la cancelación de la construcción de equipamientos esenciales (escuelas infantiles, polideportivos, bibliotecas…), infraestructuras y zonas verdes; la paralización de dotaciones e infraestructuras que están en construcción; el deterioro de la calidad de servicios municipales (ayuda a domicilio, bomberos, recogida de basuras); la disminución de las partidas destinadas a inmigrantes, cooperación internacional, colectivos vulnerables y el cierre de las dependencias municipales por la tarde. Y lo que es aún peor: para incrementar los ingresos, el Consistorio está ejecutando fórmulas privatizadoras tan regresivas como la subasta del parque de viviendas en alquiler de la EMVS.
Por todo ello, el movimiento vecinal y la ciudadanía madrileña tienen sobrados motivos para "mojarse" en una Huelga General contra unas políticas económicas reaccionarias y regresivas aplicadas por administraciones de distinto signo de las que la reforma laboral es tan sólo un ejemplo.
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