Chamberí
Por su relevancia nos hacemos eco de la nota de prensa emitida por el PSM en la tarde de ayer en la que se reclama en el Pleno de la Asamblea Regional al Gobierno de Ignacio González que revierta a los vecinos de Chamberí los espacios públicos del campo de golf del Canal.
Los socialistas acusan al gobierno de Ignacio González de ser un insumiso contumaz y exigen que devuelva a los vecinos de Chamberí los espacios públicos del campo de golf del Canal.
El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo ha acusado al gobierno de Ignacio González de ser un “insumiso contumaz con la legalidad urbanística y medioambiental” y ha exigido al ejecutivo regional que acate la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales las obras del campo de golf de Chamberí (conocido como campo del golf del Canal), “que devuelva a los vecinos sus espacios públicos y que deje de hacer negocio privado con el patrimonio de todos”.
Gordillo se ha manifestado así en el transcurso del Pleno Regional, donde ha considerado un “escándalo” que la Comunidad no acate la ley, que niegue a los vecinos de Chamberí el uso y disfrute de más 50.000 metros cuadrados en un distrito que apenas tiene zonas verdes y que en su lugar privaticen el uso de este espacio “en beneficio del negocio privado del amiguete de turno”.
En 2002, siendo alcalde Álvarez del Manzano y presidente Gallardón, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid suscribieron un convenio para dar aprovechamiento a esos terrenos, fruto del cual se acordó la rehabilitación de la cubierta del depósito 3 del Canal y la construcción de un parque de uso público. Para tal fin, el Ayuntamiento concedió la correspondiente licencia, que paralizó cuando en 2004 Esperanza Aguirre cambió el proyecto, privatizando las instalaciones, dando la concesión a Green Canal Golf SA y declarando este espacio como bien de interés general para eludir la normativa.
La lucha vecinal encabezada por la Asociación de Vecinos 'El Organillo' de Chamberí dio sus frutos y “los tribunales han dicho que el gobierno regional actúa como trileros”, ha señalado Fernández Gordillo quien ha recordado las sentencias del TSJM en 2010 y, hace menos de un mes, del Tribunal Supremo.
En ambos casos se falló que la maniobra regional no era legal, que el interés público no estaba motivado y que era "un intento de sustraerse a las reglas de disciplina urbanística que corresponden a los ayuntamientos".
En definitiva, la sentencia del Supremo “pone negro sobre blanco: que tenemos un gobierno regional que es un insumiso contumaz con la legalidad urbanística y medioambiental… Y cuando no son las carreteras, como la M-501, o las Vistillas, o el Parque del Sureste o los vencidos desarrollos urbanísticos es el caso del Canal de Isabel II”, ha afirmado Gordillo, quien ha reiterado la exigencia de que la Comunidad restituya la legalidad y devuelva a los vecinos de Chamberí lo que es suyo.
